En mayo de 2021, la Internacional Progresista envió una delegación de observadorxs electorales a Lima, cuando las principales figuras políticas amenazaban con una intervención militar en las elecciones presidenciales del 6 de junio
Las elecciones presidenciales llegan en uno de los años más tumultuosos desde el final de la guerra interna en Perú. En 2020, estallaron protestas masivas en todo el país contra la destitución del ex presidente Martín Vizcarra y la desconfianza generalizada en el sistema político. En un levantamiento que sacudió a la nación y conmocionó al mundo, la presidencia cambió de manos tres veces en sólo una semana.
A lo largo de 2021, el pueblo de Perú se preparó para votar y escribir un nuevo capítulo en la historia de su país. Desde organizaciones campesinas en el campo hasta movimientos estudiantiles en las ciudades, lxs peruanxs protestaron en las calles para enterrar el legado de la dictadura de Fujimori con una nueva constitución para Perú, inspirada en el éxito de sus vecinxs en Chile.
Pero fuerzas poderosas se organizaron en su contra. En mayo, las élites peruanas contemplaron abiertamente la posibilidad de un golpe militar para impedir las reformas progresistas. Al mismo tiempo, la extrema derecha pidió la muerte del principal candidato presidencial, Pedro Castillo, y la prohibición total de los partidos que amenazan el statu quo desde la izquierda.
Por ello, la Internacional Progresista envió una delegación de observadores a Perú: para resistir estos intentos de intimidación y acompañar al pueblo peruano en su búsqueda de la soberanía popular.
Convocando a fuerzas progresistas de todo el continente americano –incluidos parlamentarios de Ecuador y Chile, líderes sindicales de Argentina y analistas independientes de los Estados Unidos– la IP respondió a los urgentes llamados de todxs lxs peruanxs que advertían de las graves amenazas al proceso democrático.
Estas amenazas cobraron vida tras la segunda vuelta electoral, cuando la candidata Keiko Fujimori lanzó un intento de golpe judicial para desalojar del poder al presidente Pedro Castillo, alegando un falso fraude electoral.
Nuestra delegación y nuestrxs analistas fueron clarxs: “No vemos evidencia de fraude sistémico en el curso de las elecciones presidenciales peruanas de 2021”.
La delegación de la IP luchó contra esta desinformación tanto dentro de Perú como en todo el mundo en ese momento tan crucial. Después de que la atención del mundo se alejó de una victoria aparentemente indiscutible desde el punto de vista matemático, Fujimori y sus aliadxs utilizaron alegaciones infundadas de fraude y maniobras legales sin precedentes para intentar provocar una crisis constitucional y detener por completo la certificación de la votación.
Ejerciendo presión internacional y examinando el proceso mucho después de que otrxs lo hubieran abandonado, la IP trabajó para asegurarse de que no tuvieran éxito. Junto con las movilizaciones masivas del pueblo peruano, ayudamos a frustrar el último intento de golpe de Estado de Fujimori y protegimos el derecho constitucional a unas elecciones libres y justas.