El 7 de febrero de 2021, la ciudadanía ecuatoriana se dirigió a las urnas a elegir al nuevo presidente y la Asamblea Nacional para sacar al país de su crisis más grave en una generación.
Entre la violenta represión de las protestas contra el FMI en 2019 y las persistentes amenazas de cancelar las elecciones presidenciales, la democracia ecuatoriana estuvo al borde del abismo en el período previo a las elecciones de 2021.
El 19 de julio de 2020, las autoridades electorales ecuatorianas denegaron, sin justificación, el registro de múltiples partidos, incluido Fuerza Compromiso Social (FCS), el partido político del miembro del Consejo de la IP Andrés Arauz –una suspensión ilegal y descarada de la democracia en Ecuador.
Esta maniobra ilegal no fue un hecho aislado. Más bien, fue un alarmante avance de una estrategia de persecución política contra las fuerzas progresistas de Ecuador –y la aceleración de la guerra legal (“lawfare”) contra la oposición política en la región de América Latina, más ampliamente.
Mucho antes del día de las elecciones, la Internacional Progresista movilizó a su red de parlamentarixs para luchar contra esta táctica de guerra legal, y ganó. Al seguir este ataque ilegal a la Constitución ecuatoriana y a la libre participación democrática, la IP ayudó a despejar el camino para que el candidato Andrés Arauz se presentara a las elecciones presidenciales.
Pero las amenazas al proceso democrático no se detuvieron ahí. En enero de 2021, el Consejo Nacional Electoral (CNE) –el consejo electoral encargado de administrar las elecciones en todo el territorio– fue atacado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que intentó destituir a cuatro de lxs cinco miembros principales del Consejo pocos días antes de las elecciones. Ambos organismos se disputaron el derecho a tomar decisiones definitivas sobre el contenido del escrutinio, una larga disputa que puso en peligro la autoridad institucional para garantizar la confianza en el recuento final de votos.
Por eso la Internacional Progresista envió una delegación de observadores a Ecuador: para garantizar la integridad de sus elecciones y ayudar a fortalecer el derecho a la soberanía popular. En estrecha colaboración con las autoridades electorales del Ecuador, la delegación de la IP recorrió decenas de recintos electorales el día de las elecciones y supervisó el proceso de recuento de votos en las horas posteriores al cierre.
El escrutinio de la delegación de la IP –en particular, nuestrxs científicxs de datos y expertxs legales– fue crucial para garantizar un recuento de votos justo. Tras la primera vuelta de las elecciones en febrero, lxs candidatxs inconformes que quedaron en segundo y tercer lugar, lxs miembros del CNE e, inexplicablemente, la OEA, intentaron un "recuento" sin precedentes que amenazaba con descarrilar el proceso democrático, negociado ilegítimamente fuera de los límites del procedimiento electoral. Nuestra delegación fue clara: no había ninguna base legal para este "recuento", ni ninguna prueba de fraude que lo justificara. De hecho, teníamos los datos que respaldaban nuestras afirmaciones y se demostró que eran correctas. Nunca se encontraron pruebas de ningún fraude sistémico.
A tiempo para la segunda vuelta de abril, movilizamos una segunda delegación a Quito. Luchamos contra un intento de la Fiscalía de hacerse con el control del sistema electoral y sus datos, y defendimos el proceso democrático de principio a fin en lo que se consideró ampliamente como una contienda libre, justa y transparente.
Sin embargo, las semanas que se dedicaron a los falsos gritos de fraude dañaron grave e irremediablemente la confianza pública en el proceso democrático, cambiando el panorama político para la segunda vuelta. Se necesitó un gran esfuerzo y presión por parte de la IP para garantizar incluso los elementos técnicos más básicos de la observación electoral: la libre participación política y un recuento de votos justo. Pero no pudimos detener la siembra de mentiras y desconfianza a favor de algunas fuerzas políticas –alimentadas por unos medios de comunicación corporativos que no rinden cuentas y con la complicidad de nuevo de la OEA.