LOS parlamentarios y funcionarios públicos de todo el mundo, nos comprometemos a defender el derecho internacional, no solo de palabra, sino con acciones concretas.
Durante más de setenta y cinco años, el pueblo palestino ha vivido bajo condiciones de despojo, asedio, exilio y destrucción. Hoy, en Gaza, ese régimen se manifiesta en su forma más brutal.
Estos crímenes no perduran por azar. Se sostienen mediante una arquitectura global —armas, comercio, finanzas, puertos, aseguradoras, licencias de exportación y cobertura diplomática— mantenida por Estados que optan por la complicidad por encima del derecho.
En 2025, los gobiernos conformaron el Grupo de La Haya y adoptaron seis medidas coordinadas para desmantelar la arquitectura de la complicidad y poner fin a la impunidad: la suspensión de las exportaciones de armas, la denegación de acceso portuario a cargamentos militares, el retiro del pabellón a las embarcaciones que transportan cargamentos militares, la revisión de los protocolos de contratación pública y la exigencia de rendición de cuentas por crímenes de guerra.
Como legisladores, reconocemos nuestra responsabilidad dentro de esa misma arquitectura. Aquello que la impunidad protege, nosotros tenemos la autoridad para cuestionarlo.
(1) Por ello, nos comprometemos, en nuestros respectivos parlamentos y asambleas, a presentar y promover legislación para implementar las medidas del Grupo de La Haya, con un doble imperativo: poner fin a la complicidad y garantizar la rendición de cuentas mediante:
(a) Impedir la transferencia de armas, municiones, combustible militar, equipo militar conexo y artículos de doble uso en todos los casos en los que exista un riesgo evidente de su uso en violaciones del derecho internacional humanitario.
(b) Condicionar los contratos y fondos públicos al cumplimiento de las obligaciones conforme al derecho internacional a través de procesos de revisión integral y mecanismos de condicionalidad.
(c) Investigar y hacer públicas las cadenas de suministro, los flujos financieros y los actores corporativos que facilitan las violaciones del derecho internacional humanitario mediante la investigación y la supervisión parlamentaria.
(d) Apoyar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contemplados en el derecho internacional, incluso mediante mandatos de jurisdicción universal donde sea aplicable en nuestros marcos legales nacionales.
(2) Rechazamos los estándares selectivos y las excepciones políticas. El derecho internacional debe aplicarse a todos los Estados, o no protege a ninguno.
(3) Nos unimos a este esfuerzo no como observadores, sino como protagonistas —decididos a transformar el derecho en aplicación efectiva y la solidaridad en acción material. Presionaremos a nuestros gobiernos para que actúen de manera multilateral y trabajaremos junto a la sociedad civil, sindicatos y organizaciones palestinas para asegurar que la acción parlamentaria se corresponda con las demandas de las personas en el territorio.
(4) Desde nuestras legislaturas hacia el mundo, nos comprometemos a ayudar a desmantelar los sistemas que sustentan la Nakba y a construir las condiciones para la libertad, la justicia y la igualdad del pueblo palestino.
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